Por Zenaida Millán Rodríguez

Portones ilegales limitan el acceso a las playas del País

Más allá de ser una barrera física, los portones ubicados en las zonas costeras del País representa una violación a los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de las playas.

Estos derechos están establecidos en la Ley número 3 del 22 de agosto de 1990, artículo 1, donde se señala que es responsabilidad del Estado garantizarle a los ciudadanos el libre y continuo acceso peatonal a la zona marítimo terrestre.

La controversia mayor gira en torno a la legalidad de los portones y al supuesto derecho de ciertos propietarios a controlar la seguridad en sus predios.

En respuesta a este problema, el Código Civil establece que los bienes de dominio público, como las playas,  pertenecen a todos por igual y nadie en particular. Es decir, no son susceptibles a la apropiación, por lo que portones ubicados en esta zona representan un perjuicio para el pueblo.  

 “Muchos grupos de residentes, con la excusa de protegerse de la criminalidad, han limitado el acceso a las playas violentando así los derechos constitucionales del resto de la comunidad”, denunció Erika Fontánez Torres, profesora de derecho ambiental de la Universidad de Puerto Rico.

Fontánez indicó que los vecinos de la zona se han amparado en el Reglamento de Planificación Número 20 para el Control de Tránsito y Uso Público de Calles Locales, cuyo propósito es controlar la actividad criminal.

Sin embargo, dicha regulación no puede ser utilizada para impedir el acceso a las playas porque el Reglamento Número 20 prohíbe, en su sección 3.02,  el cierre de calles que dan acceso al mar.

“Además, cerrar accesos existentes constituye una acción contraria al Reglamento Número 17 de la Junta de Planificación, Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico, que se creó para proteger los accesos existentes y para crear nuevos”, añadió Fontánez Torres. 

Aunque existen los reglamentos, la realidad es que muchos vecinos han recibido autorizaciones y endosos de las autoridades para construir cierres de accesos perpendiculares a las playas.zmt4

El 28 de mayo de 2003, el entonces director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Luis G. Fortuño Burset,  firmó una carta de endoso para el cierre de la Calle Carrión Court, y aunque la zona es turística no hay ningún complejo hotelero.

Lo increíble de este caso es que en el 2006 no se encontró ningún endoso ni los respectivos permisos en los archivos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ni en el Departamento de Urbanismo del Municipio de San Juan, según confirmaron  ambas agencias mediante comunicación escrita. 

El presidente de la Coalición Playa Para Todos, Nelson A. Pérez Espinosa, denunció que la raíz del problema es la corrupción que hace que siempre la balanza se incline  hacia los grandes intereses y no hacia el bien común del pueblo.

“Es increíble la cantidad de quejas que recibe nuestra organización por parte de ciudadanos que reclaman su derecho constitucional de poder disfrutar de las playas”, señaló Pérez Espinosa.  

Ciudadanos como Jennifer Aponte Parra, residente del Residencial Luis Llorens Torres, señaló los constantes problemas de acceso que enfrenta al intentar utilizar las playas de Ocean Park y Punta Las Marías.

“Cada vez que decido ir a la playa con mi hijo es un problema. Los portones que quedan en la calle siempre están cerrados y tengo que dar una vuelta innecesaria”, indicó Aponte Parra. 

Sólo basta ver el Informe de 2008 de Evaluación de Accesos a las Costas: Ocean Park y Punta Las Marías, realizado por la División de Zona Costanera del DRNA, para darse cuenta que la situación es alarmante.

Según el informe, en el sector Ocean Park existen seis accesos vehiculares permanentes cerrados con dos portones peatonales cada uno y sólo uno permanece abierto de 7 a.m. a 7 p.m.

La bióloga del DRNA, Coralys Ortiz Maldonado, indicó que el propósito del informe es identificar las barreras y obstáculos que limitan el acceso de los ciudadanos a la costa y realizar una serie de recomendaciones a la Junta de Planificación (JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).

“Es responsabilidad de ARPE y JP ordenar que se remueva cualquier obstrucción o barrera ilegal que interfiera con el derecho de los ciudadanos de poder llegar o salir de las playas”, señaló Ortiz Maldonado.

 Sin embargo, el administrador de ARPE, Jorge L. García Faneytt, indicó que su agencia, durante 2010, ha recibido  pocas querellas denunciando obstrucciones de acceso en las playas de Ocean Park y Punta Las Marías por parte de ciudadanos y del DRNA.

“La política de ARPE es eliminar todas las barreras ilegales identificadas en las costas y playas del país, pero nuestro recursos humanos son limitados”, admitió García Faneytt.

Las declaraciones de García Faneytt no concuerdan con la realidad que se observa en esas comunidades donde existen muchas barreras ilegales como muros, portones y rejas que limitan el acceso de los ciudadanos.

“Una vez que se pierde un acceso, no hay manera de recuperarlo, es como un cáncer que se extiende por toda la costa”, manifestó Pérez Espinosa.

Por otra parte, María Torres Ortiz, residente del Residencial Luis Llorens Torres, manifestó que su comunidad se siente excluida y marginada por los vecinos de Ocean Park y Punta Las Marías.

“Tú crees que el padre del niño blanquito y rico de Ocean Park va a permitir que mi hijo negrito y pobre de Llorens juegue con él en la playa, nunca”, indicó Torres. 

Todo parece indicar que la mayoría de los vecinos de Ocean Park y Punta Las Marías consideran que los portones no benefician a la comunidad.

Así lo reveló una encuesta realizada durante el mes de marzo por el Departamento de Comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón donde un 67 por ciento de los vecinos de Ocean Park y Punta Las Marías indicaron que los portones no benefician a la comunidad.

Además, muchos  visitantes de la zona también se ven afectados por los problemas de acceso a la playa. Este es el caso de Luis Calderón Berríos, residente de Carolina, quien práctica  el deporte acuático del surfing en el área de Ocean Park.

“Hace 10 años que practico el surfing en esta zona y mi principal queja es la falta de estacionamiento y de acceso a la playa”, indicó Calderón Berríos.

De igual forma, Arquímedes Ruíz, surfer de profesión, se quejó de los escombros de cemento localizados a lo largo de la orilla de la playa.

“Tengo marcas que yo le llamo heridas del oficio, cada vez que construyen un muro dejan los pedazos de cemento tirados en la orilla”, señaló Ruiz. 

Por otra parte, Ricardo Rodríguez, contratista independiente, aseguró que las propiedades que están localizadas cerca del mar y tienen accesos exclusivos hacia la playa, poseen un alto valor en el mercado.

“Muchas  propiedades ubicadas en Punta Las María y Ocean Park están valoradas en millones de dólares”,  explicó Rodríguez.

“Las playas no deben ser de dominio exclusivo. Por el contrario, las playas deben ser consideradas como patrimonio de cada puertorriqueño  y cada puertorriqueña o cada visitante que demuestre respeto y responsabilidad en el uso de estos espacios naturales”, concluyó Rodríguez.

 

En las manos de los desarrolladores, la zona costera

A pesar de las leyes y reglamentos vigentes que regulan la construcción en la Isla, muchos desarrolladores continúan apoderándose de los bienes de dominio público en el litoral costero.

Y es que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) sólo audita el 25 por ciento de los proyectos que son aprobados en su etapa final y, en muchas ocasiones, los desarrolladores alteran los planos originales.

El administrador de ARPE, Jorge L. García Faneytt,  reconoció que su agencia carece de los recursos humanos necesarios para poder auditar más del 50 por ciento de los proyectos de construcción.  

“ARPE recibe más de 40,000 solicitudes de permisos al año, y la agencia es sumamente rigurosa a la hora de conceder permisos”, señaló García Faneytt.

Las declaraciones de García Faneytt no concuerdan con la realidad que se observa en la zona costera del País, donde el desarrollo desmedido guiado por un modelo de mala planificación en un área limitada ha ocasionado que sectores económicos se apoderen de los bienes de dominio público.

El Condominio Park Boulevard, en el sector de Punta Las Marías, en San Juan, es un ejemplo de la apropiación ilegal de terrenos de dominio público por parte de desarrolladores.

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En los archivos del Registro de la Propiedad en San Juan existe un plano aprobado por la Junta de Planificación (JP) donde claramente se establece la faja de terreno a reservarse para uso público. Sin embargo, es en esa misma zona pública donde está ubicada la verja que protege la piscina del condominio.

Esta acción va en contra del Reglamento número 17 de la JP que establece que todo proyecto de construcción en la costa debe reservar 20 metros para uso público y 30 metros libres de construcciones permanentes.

Al preguntarle a Rose Ortiz Díaz, coordinadora de la Unidad de Zona Costanera de JP, acerca de la ineficiencia de la agencias por hacer cumplir los reglamentos de planificación, ella reconoció la falta de voluntad que existe por parte de algunos empleados.

“Debo reconocer que en algunos casos existen ciertos intereses económicos que van por encima de la conservación”, admitió Ortiz Díaz.

El director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Ruperto Chaparro Serrano, acusó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la JP y ARPE por poner en riesgo los bienes de dominio público para favorecer el bienestar económico de algunos desarrolladores.

“La culpa no la tienen los desarrolladores, si tú los dejas, meten el hotel dentro del agua. Lo de ellos es hacer dinero. La culpa es de las agencias que dan los permisos”, sentenció Chaparro Serrano.

Los  bienes  de dominio público  están constituidos en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) que comprende las playas, bahías, dunas, estuarios, mangles, la ribera del río y los terrenos sumergidos y ganados al mar.  

La responsabilidad de delimitar la ZMT y los bienes de dominio público de la propiedad privada recae sobre el DRNA, así lo establece el Reglamento 4860.

El principal escollo parece surgir de la misma ley que define lo que es la ZMT, debido a que la definición es un legado de la jurisprudencia española de la Ley de Puertos y Muelles que data 1886.

Según la abogada ambiental Jessica Rodríguez, la definición legal establece que la ZMT es el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo en donde son sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales.

“La definición es muy técnica y antigua. Su redacción ha dado lugar a varias interpretaciones ya que los expertos de campo la interpretan de una manera, los agrimensores ven otro ángulo y las mismas agencias de gobierno se contradicen”, añadió Rodríguez Martin.

Esto se evidencia en el caso de Blas Buono Correa vs. Javier Vélez Arocho, ex secretario del DRNA, donde el Tribunal Supremo decidió que los criterios que utilizó el DRNA para delimitar la ZMT eran contradictorios.

El Tribunal ordenó que el DRNA no puede utilizar simultáneamente los criterios del mar en su flujo y reflujo  y las mayores olas en los temporales  para delimitar la ZMT.

“Situaciones como éstas son las que hacen que se concedan muchos permisos de construcción en la costa”, concluyó Rodríguez Martin.

Otro problema que agudiza la falta de fiscalización del DRNA es la falta de personal. La agencia sólo cuenta con dos agrimensores para delimitar la ZMT en toda la Isla.

La situación de carencia de personal fue confirmada por el coordinador de la División de Zona Costanera del DRNA, Raúl Santini Rivera. “La agencia enfrenta  momentos de incertidumbre ante la Ley 7 y la intención del gobierno de continuar consolidando agencias”, añadió.

 La situación es preocupante. Según la nueva Ley 161 para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, la otorgación de permisos se consolida en una sola agencia, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

Aunque la nueva ley que pretende agilizar los procedimientos de permisos  no va a entrar en efecto hasta 2011, las controversias  no se han hecho esperar.

Por un lado, los abogados ambientales y planificadores califican la nueva ley de permisos como un estatuto diseñado para acelerar la concesión de los permisos de construcción y uso, reducir la fiscalización e impedir que los endosos se puedan revisar en los tribunales.

“Ese proyecto tiene problemas constitucionales serios. También es discriminatorio porque tu derecho a impugnar dependerá de tus recursos económicos”, resaltó el planificador ambiental Luis Rivera Herrera.

La ley dispone que las apelaciones sólo se puedan hacer dentro de un término de 30 días laborables desde que se expidió el permiso. Además, la parte apelante debe pagarle al desarrollador las pérdidas mientras la obra esté detenida.

Mientras, la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) defendió la medida señalando que se trata de un recurso necesario para agilizar el proceso de obtención de los permisos para, de ese modo, propiciar lo que ellos entienden que necesita el país: desarrollo económico.

“Hemos dado un paso fundamental. Lo que queremos es un sistema de permisos que funcione, que opere con visión, con voluntad y con certeza”, indicó el presidente de la ACH, Hans Moll Stubbe.

Moll Stubbe afirmó que la firma de la ley no acabará con los problemas de la emisión de permisos porque ahora hay que trabajar con un reglamento para su implantación.

En el 2009, la ACH pidió públicamente que se enmendara el Código Penal para que se eliminen los artículos que penalizan como delitos ambientales asuntos como la destrucción de pruebas, la preparación y presentación de escritos falsos.

Iván Pietri, miembro de la Junta de Directores de la ACH, se quejó de que las empresas de construcción tengan que responder de manera criminal por violaciones a los delitos ambientales.

“El Código Penal fue desarrollado por personas que son conocidas por su activismo en oposición a proyectos de desarrollo importantes”, denunció Pietri.

El abogado ambiental Pedro Saadé Llorens desmintió el argumento de los desarrollistas de que no tuvieron participación en la revisión del Código Penal porque no se celebraron vistas públicas para su redacción.

“Se están montando en unas alegaciones de derecho que no son ciertas”, indicó Saadé Llorens.

Desde la década de 1970, se ha aprobado una serie de leyes que buscan regular los proyectos de construcción con el fin de proteger los bienes de dominio público. Pero en la ejecución las leyes ambientales del País se vuelven sal y agua.

 

En peligro las comunidades costeras

Las olas tocan la puerta de cientos de comunidades costeras y el gobierno de Puerto Rico continúa ignorando el riesgo que representa vivir y construir en esta zona.

“En las costas el gobierno tiene que empezar a actuar ya; se trata de la seguridad de estructuras y sobre todo de la gente”,  indicó  el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo.

Según el censo de 2000, el 80 por ciento de la población se encuentra en los municipios costeros y el 85 por ciento de la actividad económica se efectúa en esta zona.  

“El peligro de la construcción en las áreas de la costa es que la misma está expuesta a las inundaciones por ríos, marejadas ciclónicas, así como al creciente aumento en el nivel del mar”, añadió Lugo.

Aunque el  Reglamento número 13 sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones de la Junta de Planificación pone en efecto medidas de seguridad para controlar las edificaciones y el desarrollo de terrenos, la realidad es que el gobierno continúa otorgando permisos en estas áreas.

Así lo indican las consultas de ubicación radicadas en la Junta de Planificación (JP).  Desde el 1974 hasta el 2006  se han radicado cerca de 1,482 consultas en la zona costanera.

De estas consultas, sólo el 21 por ciento son rechazadas por la JP y el restante 79 por ciento son aprobadas. La mayoría de estas consultas de ubicación corresponde a proyectos residenciales, seguidas por proyectos turísticos e industriales.

“La JP y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) debe cumplir con su obligación de implantar adecuadamente los reglamentos y por no haber cumplido en el pasado vamos a tener que invertir muchos recursos”, señaló el director del Centro de Riesgos Costeros, Aurelio Mercado Irizarry.

Por otro lado, Mercado Irizarry indicó que el gobierno no considera el cambio climático como elemento de juicio para la planificación en la zona costera.

“Las agencias estatales han estado subestimando el posible impacto de un evento de 100 años al dar permisos de construcción tan cerca de las costas”, añade Mercado.

Mercado Irizarry  sostuvo que los modelos más conservadores estiman que en este siglo 21 el nivel del mar ascendería unos 40 centímetros, lo que podría significar una recesión en la línea de costa de entre 150 a 200 pies.

Pero ya los efectos climáticos se observan a lo largo de las costas de Ocean Park y Punta Las Marías. Sólo basta con presenciar cómo las olas se meten a los patios de muchas residencias.

Un informe del 2007 de Inventario de estructuras de estabilización en la línea de costa en Punta Las Marías del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)  confirmó que las residencias en esta zona se encuentran justo al lado del mar.

Aun así, Raúl Santini Rivera, coordinador de Zona Costera del DRNA, indicó que el gobierno nunca va a demoler las estructuras en Punta Las Marías.

“Tú crees que el gobierno va a ordenar la demolición de una casa de millones de dólares”, sentenció Santini Rivera.

Mercado Irizarry indicó que los errores de planificación le costarán mucho dinero al Estado. Utilizó como ejemplo el caso de España donde el gobierno gastó billones de euros en la explosión de estructuras para proteger las costas.   

“La diferencia entre un gobierno que ama su patrimonio es que hace lo que sea necesario para garantizar un buen futuro y la calidad de vida de sus ciudadanos”, sentenció Irizarry.

Además, el informe del DRNA señaló el problema de erosión que amenaza a las propiedades de Punta Las Marías.

“Las comunidades costeras han acelerado el proceso de erosión al utilizar  muros, rocas y escombros para minimizar el impacto de las olas”, explicó el geomorfólogo José Molinelli Freytes.      

Otro problema, que se presenta en esta zona es que muchas  personas desconocen que cuando los proyectos de vivienda involucran las barreras costeras, no habrá seguro federal en caso dezmt1 marejadas e inundaciones.

Así lo establece la Ley de Barreras Costeras de 1982 (COBRA, por sus en inglés) la cual prohíbe la compra de seguros federales para inundaciones a estructuras construidas en áreas de alta peligrosidad de inundación por el mar, por el río o ambos.

Rose Ortiz Díaz, coordinadora de la Unidad de Zona Costera de la JP, exhortó a los ciudadanos a que se orienten antes de adquirir una propiedad.

“Se han dado muchos casos de personas que desconocían que su propiedad estaba construida en estas zonas de alto riesgo y no pudieron adquirir su seguro de inundación federal”, indicó Ortiz Díaz.

“Las barreras costeras son lugares que, irónicamente, el Gobierno de Puerto Rico designó como áreas extremadamente sensibles en los 80”, señaló Carlos Padín Bibiloni, decano de la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana.

Por otra parte, el asesor de riesgos costeros Mercado Irizarry ha estudiado y preparado mapas  por encargo federal de las zonas de posible inundación en caso de huracanes, tanto de categoría 1 como de categoría 5.

 “Toda la zona del Condado, Isla Verde, el aeropuerto Luis Muñoz Marín y, sobre todo, Ponce quedarán devastados”, alertó Mercado Irizarry.

“Nosotros no estamos diciendo que no se construya. Estamos diciendo que se debe seguir un modelo de planificación sustentable que considere los factores ambientales y económicos en beneficio del pueblo al momento de dar permisos de construcción tan cerca de las costas”, dijo Mercado Irizarry.

Si el gobierno de Puerto Rico no adopta un modelo de desarrollo sustentable y continúa ignorando la realidad de las comunidades costeras, la calidad de vida de todos los puertorriqueños corre peligro.

Fotos por Zenaida Millán Rodríguez