Por Melvin Rodríguez Rodríguez

El precio de cinco días

El Gobierno presentó el déficit presupuestario, creó la controvertible Ley 7 de emergencia fiscal, la aprobó y luego procedió con el despido de miles de empleados públicos.

La aprobación en sólo cinco días de la Ley 7 fue abrupta e igualmente abruptos han sido sus resultados.  Es cuestionable el poco tiempo en que la Legislatura decidió el porvenir en los años siguientes de los que fueron cesanteados.  Aunque en lo que va desde la aprobación de la ley, se nota que los legisladores no tomaron en cuenta las consecuencias de esa decisión.

El Gobierno cesanteó a más de 20,000 empleados esperando que fueran absorbidos por la empresa privada.  Pero al parecer, en lo acelerado del proceso de aprobación de la ley y luego en la implantación de las fases, no se verificó si en realidad podrían ser absorbidos por el sector privado.

A más de un año de haber sido aprobada, la Ley 7 de emergencia fiscal amenaza con convertirse en una verdadera emergencia para el fisco.

Como efecto de los despidos, el desempleo en Puerto Rico creció de aproximadamente un 14 por ciento a 15.8, según estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), demostrando así que muchos cesanteados aún no han encontrado trabajo. 

Aunque el sector público fue el que más personas cesanteó, las estadísticas también reflejaron un aumento en el desempleo de personas que trabajaban en el sector privado, algo que no augura un futuro económico seguro para los que han sido cesanteados del Gobierno.

Todos los cesanteados que no encuentren trabajo dejarán de hacer su contribución sobre ingresos, lo que significa un revés para un gobierno que precisamente está buscando salir a flote económicamente. 

Muchos de los empleados despedidos se verán en riesgo de perder bienes como la casa o el carro. 

Aunque el Gobierno, a través del DTRH, le da la oportunidad a los cesanteados de pedir ajustes en el banco, a largo plazo es dudable que sin un trabajo puedan pagar sus cuentas.

Además, otros tendrán que depender del Gobierno para poder subsistir, a través del Plan de Asistencia Nutricional, el cheque por desempleo y el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Resulta irónico que la página web del Departamento de la Familia indique que el TANF es para “propiciar que las familias terminen la dependencia en las ayudas gubernamentales y logren su autosuficiencia mediante el empleo”.

Sin embargo, si los cesanteados no encuentran empleo, tendrán que prolongar la dependencia que tienen en el Gobierno y si no se generan trabajos a largo plazoley 7, la dependencia podría seguir por años.

 Peor aún, muchos de los que dependen y estarían dependiendo, son personas con preparación académica.

Ése es el caso de Maritza Bernier, secretaria de la Escuela Luis Palés Matos, en Guayama, despedida en noviembre del año pasado.  Dado que no ha conseguido trabajo en la empresa privada, Bernier está cobrando desempleo para poder subsanar los gastos que tiene.

En los meses que lleva buscando empleo, Bernier sólo ha encontrado un posible empleo como cajera en un supermercado, pero era de tiempo parcial, no requería preparación universitaria y pagaba muy por debajo de lo que se ganaba en el Departamento de Educación (DE).

“No lo tomé porque, aunque comoquiera es un trabajo honrado, la paga no me daba para cubrir mis gastos, aparte de que yo tengo un bachillerato, yo estudié y quiero conseguir un trabajo que me pague por mi preparación”, explicó Bernier sobre las razones por las que rechazó el trabajo.

La situación de Bernier es otra de las que ha acarreado la Ley 7.  Muchos cesanteados con preparación académica están actualmente desempleados y otros se han visto forzados a aceptar trabajos que no requieren su preparación y que, por tanto, pagan menos.

Estos despedidos con estudios universitarios además, pueden tributar mayores contribuciones sobre ingreso porque cobran más por sus estudios, pero si no tienen trabajo o si trabajan donde no se les requiere preparación, las contribuciones que pueden hacer a las arcas del País son menores.

Marielis González, maestra cesanteada de la Escuela José Padín, en Salinas, tuvo que aceptar un trabajo a tiempo parcial como cajera en una panadería para poder pagar sus cuentas, aunque tiene un bachillerato, porque su puesto era temporero.

La encrucijada de otros cesanteados es que su sueldo complementaba el de otros miembros de la familia para así poder subsanar los gastos y ahora que están cesanteados tienen una entrada menos de dinero, pero no cualifican para ayudas porque tienen conyugues o familiares que trabajan en el sector privado.

Para Sonia Meléndez, secretaria despedida de la Superintendencia del DE, en Guayama, su cesantía ha creado un hoyo económico en su hogar.  Aunque fue despedida por error y espera por el resultado de la impugnación, Meléndez recibió la ayuda del PAN sólo por dos meses, ya que no cualificó por el trabajo de su esposo.

“Es un problema, porque se nos hace difícil pagar las cuentas, antes con mi sueldo y el de mi esposo era más fácil.  Pero ahora yo no tengo trabajo y tampoco cualifico para los cupones (PAN).  El sueldo solo de mi esposo no da para todo”, relató Meléndez.

Eso demuestra el poco escrutinio que tuvo el Gobierno a la hora de tomar la decisión de hacer efectivos los despidos, sin contar los trabajos disponibles en la empresa privada, cesanteando empleados erróneamente y sin corroborar la preparación académica de los cesanteados. 

Como ejemplo de ese poco escrutinio, la página de Internet www.Puertoricotrabaja.com, creada por el Gobierno para ayudar a los cesanteados a encontrar trabajo, ofrece menos de 6,000 empleos en comparación con los 20,000 empleados que están en la calle.

Además, los despidos se llevaron a cabo de forma escabrosa, en vez de optar por un proceso escalonado, que le diera tiempo de identificar trabajos disponibles para los cesanteados y reorganizar el gobierno para reducir otros gastos.

Aún con lo fallido que ha sido el proceso de cesantías, el Gobierno ha continuado con su plan y a finales de abril de este año, despidió unos 1,250 conserjes del DE.

 

“Puerto Rico trabaja”, ¿trabaja?

Después de los despidos a causa de la Ley 7, la música rimbombante y esperanzadora de la campaña gubernamental “Puerto Rico trabaja” se infiltró en los radios y televisores del País pronosticando una lluvia de trabajos que caería sobre los más de 20,000 cesanteados.

Sin embargo, “Puerto Rico trabaja” ha demostrado ser una serie de rotundos fracasos que le ha costado al Gobierno $2.2 millones y que no ha dado resultados a grandes rasgos.

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Uno de esos fracasos es el portal cibernético de la campaña, www.Puertoricotrabaja.com, en el que los cesanteados se pueden registrar para ser notificados si aparece un empleo para el que cualifican.  Muchos cesanteados ya se han registrado, pero aún esperan recibir notificación.

A meses de haberse registrado, a Maritza Bernier, secretaria cesanteada de la Escuela Luis Palés Matos, en Guayama, todavía no le ha llegado ni siquiera una notificación.  “Dijeron que llenáramos el perfil, que nos iban a notificar por email si había trabajo, pero a mí nunca me ha llegado nada”, relató Bernier sobre lo que considera una falla del sistema.

De igual forma, la lista de empleos que ofrece la página web es desorganizada, muchos empleos no ofrecen información necesaria como salario o dirección y la búsqueda en general es complicada. 

La opción de un “Banco de empleos federales” es meramente un enlace a la página web estadounidense www.Usajobs.gov.

Además, los documentos de consejería para conseguir empleo bajo la sección “Siguiendo adelante” son simplistas y no dicen nada nuevo que pueda ayudar a los cesanteados.  El “quiz” “¿Está preparado para una entrevista?” es un ejercicio risible con preguntas banales que podría oscilar en lo insultante.

La primera aseveración de la prueba lee: “Si tienes una entrevista (de trabajo) y no conoces exactamente cómo llegar”; y de las tres respuestas una dice: “Sales con poco tiempo de anticipación y sin saber exactamente dónde es”.  El “quiz” es desatinado y su utilidad incomprensible.

Al parecer, la opción de los vales educativos es la más acertada que ha ofrecido “Puerto Rico trabaja” y aunque es importante que los cesanteados se sigan preparando profesionalmente, esto no les resuelve el problema de desempleo.

Sin embargo, el hecho de que los vales educativos sean una opción acertada no quita que hayan tenido poco impacto.  Según cifras de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), de los más de 20,000 empleados que despidió el Gobierno, sólo 484 han utilizado los vales educativos.

Lo mismo ocurre con las otras ayudas que el Gobierno promociona con “Puerto Rico trabaja”.  Las cifras de la JREF apuntan a que, en conjunto, solamente 2,197 cesanteados han utilizado las opciones de los vales educativos, de negocio propio, vocacionales y de relocalización.

De todas las ayudas ofrecidas por el Gobierno, la que más se ha utilizado es el vale para negocio propio, que la JREF estima en 1,149 vales otorgados.

Eso contrasta con declaraciones del secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Miguel Romero, quien estimó la cifra de los vales de negocio en unos 400.

 De igual forma, según un reportaje de El Nuevo Día, del pasado 20 de abril, sólo 1,050 cesanteados han utilizado las opciones de los vales en discordancia con los 2,197 que propone la JREF.

Cualquiera que sea la cifra correcta, ninguna de las dos llega a ser una cuarta parte del total de empleados cesanteados.  La opción del subsidio salarial, en la que el Gobierno le pagaría el 50 por ciento del salario a un cesanteado que encuentre trabajo en la empresa privada, sólo ha sido utilizada por 59 personas, según las cifras de la JREF.

“Por diferentes razones no se han aprovechado los vales, el Gobierno puso sus herramientas”, opinó el director ejecutivo de la JREF, Juan Carlos Pavía.

El poco uso de los vales demuestra que tampoco se han aprovechado la consejería y tramitación de documentos que ofrecen los Centros WIA, que operan con fondos de la Ley Federal de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en inglés).  Parte del trabajo de estos centros es tramitar las solicitudes de vales que sometan los cesanteados.

A través de la Isla, existen 15 Centros WIA que han tenido poco impacto para la magnitud de la cantidad de empleados cesanteados.  Cada centro representa un gasto de fondos federales destinados a la propagación de empleos que no se da en Puerto Rico.

Se suponía que la campaña “Puerto Rico trabaja” diera a conocer la gestión de los Centros WIA pero, al igual que con otras ayudas, ha fracasado en su cometido.

Según José Luis De Jesús Rodríguez, técnico de servicios en el Centro WIA de Coamo, el Gobierno esperaba que el tránsito de cesanteados fuera más concurrido.  Así mismo, De Jesús Rodríguez aseguró que por cada diez días van sólo tres cesanteados aproximadamente y de esos tres, sólo uno va por primera vez.

Otra de las gestiones promocionadas a través de la página web de “Puerto Rico trabaja” es el programa educacional “Elévate América”, desarrollado por la compañía Microsoft, el cual educa sobre el uso de los programas de computadora “Microsoft Windows Vista” o “Microsoft Office” por medio de vales educativos. 

Traído a Puerto Rico como parte de una alianza público privada, “Elévate América” no ofrece recursos que puedan convertir al cesanteado en un empleado competitivo con conocimientos en tecnología, porque los adiestramientos que ofrece son para aprender a usar los programas básicos que usan todas las computadoras.

Incluso, hay en internet múltiples páginas web que enseñan gratis cómo es que operan los diferentes programas de Microsoft.  Por ejemplo, la página www.Baycongroup.com, ofrece tutoriales para el uso de estos programas y hay otras páginas de tutoriales interactivos en distintos idiomas.

“Elévate América”, que no le ofrece a los cesanteados adiestramientos más avanzados o especializados para su preparación, es una alianza público privada que no aporta significativamente a combatir el desempleo y es un gasto público innecesario.

Por su parte, la JREF demostró ser un organismo útil para llevar a cabo las cesantías, pero no se puede decir lo mismo a la hora de ayudar a los cesanteados a conseguir trabajo.

Aparte de la creación de “Puerto Rico trabaja”, la mayoría de los esfuerzos de la JREF se han concentrado en proveer ayuda para el fortalecimiento del sector privado y no a los empleados despedidos que es función primaria.

Aunque es necesario mantener a flote el sector privado, los cesanteados no gastarán por su situación económica precaria y eso también causa impacto a las empresas privadas, impacto que puede aminorarse si se atiende el problema del desempleo de los cesanteados con más urgencia.

“Le estamos dando todas las herramientas al sector privado para aminorar sus contribuciones”, explicó el Director ejecutivo de la JREF.  “Hemos hecho mucho, es mucho más que lo que otra administración ha hecho”, añadió en referencia al trabajo hecho para que los cesanteados consigan empleo.

Pero al momento no se sabe con exactitud el estado de empleo de los cesanteados porque no se está llevando registro de ello, excepto por las cifras de desempleo que calcula el DTRH mensualmente y las ya mencionadas cifras del uso de vales.

Tampoco se han hecho estadísticas sobre la efectividad de todo lo que comprende la campaña “Puerto Rico trabaja”.  Tanto el Secretario del trabajo como el Director ejecutivo de la JREF aseguraron que no se está planificando hacer estudio alguno sobre la campaña que le costó al País $2.2 millones.

Sobre el particular, en enero de este año, el representante popular Jorge Colberg Toro solicitó una investigación federal, alegando que “Puerto Rico trabaja” se hizo con fondos otorgados ilegalmente al publicista Edwin Miranda, colaborador en las campañas políticas del gobernador Luis Fortuño.

 

Ley de errores y atropellos

Vilma Guevara, supervisora de comedores escolares en Salinas, fue a cobrar su cheque en abril de 2009 cuando le notificaron que había sido cesanteada por Ley 7 y le entregaron la carta de antigüedad. 

El error en el cálculo de la carta decía que Guevara llevaba 12 años trabajando desde 1986, cuando lo correcto es que llevaba 23 años de labor. 

Luego de otros atropellos tratando de apelar el error, Guevara demandó por más de $100,000, evidenciando la falta de meticulosidad del Gobierno a la hora de llevar a cabo los despidos de más de 20,000 personas y lo caro que le saldrá al bolsillo del País.

El caso de Guevara es uno de los muchos que le han costado al Gobierno alrededor de $60 millones en compensaciones y gastos operacionales, según Juan Carlos Pavía, director ejecutivo de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF).

Pavía proveyó la cifra pero no supo precisar la cantidad exacta ni el desglose exacto de los gastos.  Por su parte, el secretario del Trabajo, Miguel Romero, declaró no tener conocimiento de tal cifra, como hizo el gobernador Luis Fortuño cuando la prensa le cuestionó sobre el tema el año pasado.

La confusión y falta de comunicación que existe entre los organismos que están encargados de operar la fase de despidos de la Ley 7 y sus líderes es evidente.  Más evidente aún es la forma irresponsable en que se efectuaron las cesantías y el poco interés que estas agencias le han prestado al gasto desmedido por errores.

Tales gastos se dan en el marco de una ley creada para aminorar el déficit presupuestario, pero que por mal manejo de información ha costado millones.

 Si el gasto por errores de $60 millones no es una cifra que le inquiete a las agencias que trabajan las fases de la Ley 7, entonces es cuestionable la urgencia por su aprobación y la implantación abrupta de la fase de despidos.

Los gastos por errores en el proceso de despidos aún no terminan, pues muchos cesanteados, al igual que Guevara, esperan por la culminación de los procesos judiciales y otros están esperando el resultado de la impugnación para luego demandar, como los suscritos a la Comisión de Relaciones del Trabajo.

Sin embargo, el despido por error no fue el único atropello que sufrió Guevara.  En el proceso escabroso de los despidos, el Gobierno no sólo ha cometido los errores de despidos injustos, sino que también ha despedido personas sin darles toda la documentación necesaria para poder beneficiarse de las ayudas para los cesanteados.

Aunque su despido se hizo efectivo con la carta de antigüedad, Guevara nunca recibió la carta de cesantía, por lo que no ha podido cualificar para las ayudas que ofrece el Gobierno a los cesanteados.

Eso ha dejado a Guevara en un limbo económico pues no tiene una sola entrada económica para pagar como mínimo los gastos mensuales de alimentos y los recibos del agua, la luz eléctrica y el teléfono.

“Yo estoy bien por la ayuda de mis hijos, porque si no, yo no tuviera con qué pagar nada.  Ellos me pagan todo, pero no puedo depender de ellos para siempre, porque ellos tienen familia”, sostuvo Guevara. 

No obstante, todavía no ha recibido la carta de cesantía que le permita aprovechar las ayudas para los cesanteados, aunque la ha pedido numerosas veces. 

Eso pone de manifiesto el poco rigor que puso el Gobierno a la hora de planificar los despidos, sin prever los problemas que siempre arrastran la burocracia gubernamental y la rapidez injustificada del proceso masivo de despidos.

La demanda que Guevara ha radicado en contra del Gobierno se debe también a la burocracia y al manejo de información.  Luego de recibir la carta de antigüedad, Guevara trató de resolver el problema a través de la solicitud de impugnación.

Si la solicitud de impugnación hubiese funcionado, a Guevara le hubiesen devuelto el trabajo y no hubiese tenido la necesidad de demandar, pero no fue así. 

Guevara solicitó la impugnación dos veces, llenó todos los documentos requeridos, los llevó al Departamento de Educación (DE) y esperó respuesta.  Pero ninguna de las dos veces le contestaron.

“Traté de impugnar dos veces y envié todo.  Y las dos veces me contestaron lo mismo, que se habían perdido los papeles, que no aparecía nada que dijera que yo había mandado los documentos para la impugnación”, relató Guevara.

Otra vez, la burocracia gubernamental se convirtió en un obstáculo para poder conseguir de vuelta el empleo de manera sencilla.  Aún con la mayoría de los despidos efectuados, el problema de la burocracia todavía surte efecto en los procesos gubernamentales.  

Uno de los propósitos de la Ley 7 era poder agilizar los servicios del Gobierno eliminando la pluralidad de puestos en las agencias gubernamentales, pero los despidos no han resuelto ese problema.

Después de los dos intentos infructuosos por impugnar su despido en el DE, Guevara decidió hacer los trámites de impugnación a través de la JREF.  A la JREF también envió todos los documentos requeridos y le dijeron que le darían una cita para una entrevista para ver su caso.

Pero la JREF aún no ha llamado a Guevara para darle tal cita y simplemente le envían una nueva carta de antigüedad.  Intentó tener la entrevista varias veces sin éxito.

“Siempre me dicen lo mismo, que está bien, que me van a dar una cita para una entrevista para discutir lo del error en el despido.  Pero después me vuelven a enviar la carta”, evidenció Guevara, mostrando todas las cartas de antigüedad que le han enviado cada vez que pide una cita para entrevistarse.

“Eso es una falta de respeto, decirle a las personas que las van a atender y después no hacer nada”, denunció Guevara, visiblemente afectada por su despido.

Actualmente, Guevara está en tratamiento psicológico, luego del impacto que le causó la noticia de su despido.  Ese día tuvo que ser recluida en el Hospital Psiquiátrico Panamericano, en Cidra, donde permaneció por tres días.

El error del Gobierno le causó a Guevara un trauma que todavía trata de superar con su tratamiento.  A más de un año de haber sido despedida, todavía se le aguan los ojos al hablar del tema.

Los despidos de la Ley 7 trajeron consigo un lado insensible al que el Gobierno se hizo de la vista larga, aún con las advertencias que hiciera públicamente la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) el año pasado, de que el proceso de despidos debía planificarse mejor para evitar la depresión y otros efectos psicosociales que traerían las cesahuevo_a_la_ley_7ntías.

Pero lo irracional del proceso de la Ley 7 continúa viéndose en la demanda de Guevara.

Lo último que ha ocurrido fue que los abogados que representan al DE le ofrecieron un trato fuera de los tribunales para que Guevara dejara sin efecto la demanda y retirara su petición de una compensación por daños y perjuicios, más la reinstalación de su puesto. 

El documento que le enviaron, cita como razón para tal petición, que Guevara no ha enviado una solicitud de impugnación, cuando la realidad es que la ha enviado dos veces, ambas veces se han perdido los documentos y tiene pruebas de ello.

De ese modo le harían un contrato nuevo y le darían el mismo puesto que ocupaba antes.  Pero Guevara declinó la oferta porque perdería los 23 años que ha trabajado y, además, teme que si acepta la vuelvan a despedir porque empezaría desde cero.

“Voy a seguir para adelante con la demanda porque yo he sufrido mucho”, manifestó Guevara, mostrando los documentos que sustentan su demanda.

Al ser abordado por el tema de los despidos injustos, el Director ejecutivo de la JREF aseguró que el Gobierno ha hecho todo lo posible porque sea un proceso llevadero para los cesanteados.  “La sensibilidad ha caracterizado este proceso, todo se ha hecho con la mayor sensibilidad”, declaró Pavía.