Por Dana Tapia Burgos

Invadimos, y ahora nos invaden

         A pesar de los esfuerzos para mitigar el problema de escasez de vivienda que atraviesa Puerto Rico, la crisis migratoria en la Isla aumenta las invasiones de terreno y por consecuente incrementa el robo de los servicios básicos como el agua y la luz.

       El secretario del Departamento de la Vivienda, Yesef Y. Cordero argumentó que lo que ha empeorado la escasez de vivienda en el País es la crisis migratoria por la que está pasando.

       “Cada vez son más las personas que llegan a Puerto Rico buscando un futuro mejor y lo que hacen es agravar la situación de vivienda que existe en la Isla. Muchos de los que llegan son indocumentados que no pueden adquirir ni alquilar una casa por la falta de documentos, y deciden invadir”, manifestó el Secretario.

       La comunidad de Villas del Sol, en Toa Baja, es un ejemplo de invasión de terrenos privados del gobierno y de la crisis migratoria en la Isla. Lo que se pretende saber es si las ocupaciones de terreno se hacen en respuesta a una necesidad o son una violación a la ley.

       Cordero denunció que los residentes de Villas del Sol están cometiendo un delito grave como lo es la usurpación y se escudan diciendo que el desalojo se hace por motivos de xenofobia, cuando no es así.villas del sol 1

       “Están construyendo ilegalmente y roban el agua y la luz que los demás puertorriqueños pagan. Por eso ordené que se colocaran vallas de seguridad para impedir que continúen con las edificaciones y también para que no entren más personas a vivir allí”, subrayó el Secretario.

       De acuerdo con Cordero, el proceso de desalojo se hace porque tienen que cumplir con la ley, ya que los terrenos donde se encuentra la comunidad son inundables y si los habitantes no son removidos antes del 30 de junio de 2010 el gobierno tendrá que devolver $150 millones a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

       “Se entiende que tienen necesidades, pero todos las tenemos. Nosotros le hemos ofrecido ayudas para poder trasladarlos a otras viviendas, pero las personas dicen que no porque los residenciales públicos no cumplen con las expectativas que ellos tienen para vivir mejor. No están en la posición de elegir, están violando la ley”, precisó Cordero.

       La invasión de Villas del Sol se estableció en el 1991, pero en el 1998, tras el paso del huracán George, los residentes de esa comunidad fueron desalojados y con el dinero que dio FEMA se construyó un proyecto de viviendas, conocido como la Urbanización Campanillas.

        “Luego de un tiempo las personas volvieron a invadir los terrenos y el alcalde Aníbal Vega Borges le facilitó a los habitantes materiales para que construyeran en el lugar”, indicó Pablo González, agente de Cuartel de Policía de Toa Baja.

       González aclaró que aunque el asentamiento era ilegal no es responsabilidad del Gobierno Municipal sino del Estatal el resolver el problema y no lo hicieron a tiempo.

      El director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (ATPR), Iván Casiano Quiles declaró que ellos son los verdaderos propietarios de los terrenos y que durante el 2007-2008 la ATPR hizo 80 denuncias por usurpación de terrenos a la comunidad de Villas del Sol, pero el juez a cargo del caso no encontró causa por la vía criminal.

       “La ATPR fue con el Departamento de la Vivienda al tribunal para buscar una orden para proseguir con los desalojos por la vía civil y el juez concedió la petición. Estas personas no son rescatadores y están violando la ley, tienen que ser penalizados como cualquier otro individuo que cometa actos ilegales, esto no tiene que ver con discrimen racial”, enfatizó Casiano Quiles.

       Sin embargo, la portavoz de la comunidad, Maritza de la Cruz declaró que lo que está haciendo el Departamento de la Vivienda es un atropello a la dignidad del sector menos agraciado y un acto de discriminación, principalmente contra las personas de nacionalidad dominicana.

       “Qué se creen ellos, sólo porque la mayoría seamos dominicanos no quiere decir que no somos gente.  Aquí no pueden venir a hacer lo que se les da la gana yendo por encima del respeto.  Somos gente humilde y sencilla, no tienen que venir con un escuadrón de guardias para intimidarnos”, sentenció de la Cruz.

       Isis Pérez Ortiz, residente puertorriqueña en Villas del Sol, reconoció que sí estaría dispuesta a moverse si el gobierno le provee un lugar donde vivir porque en parte sabe que la comunidad está actuando contra la ley, pero no justifica la actitud del gobierno al momento de resolver el problema.

       “El gobierno está haciendo un ataque directo porque piensan que todos los que residen en ese sector son dominicanos. No todos somos de esa nacionalidad, hay gente que vive aquí porque no tienen otro lugar a donde ir y tampoco tienen dinero para alquilar una casa”, explicó Pérez Ortiz.

       Las declaraciones de Pérez Ortiz no concuerdan con la realidad que se observa en esa comunidad donde hay personas que poseen carros nuevos, y otros tienen casas que alquilan y se lucran, mientras viven en terrenos invadidos sin pagar luz y agua.

       Por otra parte, un residente dominicano de esa comunidad, Carlos Brito declaró que no quiere las ayudas que le ofrece el gobierno porque ese es su hogar y lleva más de 12 años viviendo en ese lugar.

       “Aquí estamos bien y no importa que se inunde. Nosotros construimos nuestras casas y no nos pueden mover. No somos gente mala, solo queremos vivir en paz en nuestros hogares”, expresó Brito, quien vive en una casa donde residen más de seis personas indocumentadas.

       La controversia en torno a si los residentes de Villas del Sol son dueños o no de las casas que construyeron y el derecho que creen tener de no ser removidos del lugar, ha tenido a la comunidad en pie de lucha.

       En respuesta a este problema, el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que el delito de usurpación se comete cuando una persona invade u ocupa ilegalmente terrenos y propiedades inmuebles ajenas con el propósito de realizar actos de dominio o posesión sobre ellas.

       Por lo tanto, si se comete esa acción, el invasor se está apropiando de forma arbitraria de un lugar ajeno y edifica sin tener derecho alguno porque lo hace en terrenos que no le pertenecen. Automáticamente pierde todo lo que construyó debido a que las edificaciones están hechas en zonas privadas.

       De acuerdo con las expresiones vertidas, se puede deducir que más que una necesidad ante la escasez de vivienda en Puerto Rico, las invasiones son actos ilícitos que representan un costo millonario para el gobierno. Los “rescatadores de terrenos” actúan en contra de la ley y no deben ser descritos con tal calificativo de “rescatadores”.

       Un aspecto que ignora la sociedad puertorriqueña es que las invasiones de terrenos no son algo novedoso, sino que son un fenómeno que se remonta a la colonización del País. El experto en urbanismo, Edwin Quiles explicó que las ocupaciones de terrenos son comunes en la Isla y se han vuelto una costumbre desde sus inicios en el siglo 16.

       “Para el siglo 20 las invasiones se vieron más marcadas porque la gente del campo se fue a la ciudad a trabajar. Así se establecieron los arrabales en Puerto Rico”, indicó Quiles.

       La socióloga Liliana Cotto señaló que las invasiones que ocurrieron en el siglo 20 se hacían en años de elecciones con el propósito de que los líderes políticos los ayudaran a cambio de obtener votos por parte de los invasores. Hoy día, preocupa saber que el gobierno permitió las invasiones y ahora condena esa acción.

        “Antes el Partido Nuevo Progresista (PNP) le decía a las personas que se asentaran sin problemas y que recibirían los títulos de propiedad una vez ganaran. De esta manera cientos de familias se establecieron en el pueblo de Río Grande en el sector la Dolores y en otras partes del País”, explicó Cotto.

       Una maestra de Física de la Escuela Superior Casiano Cepeda en Río Grande, Betsy Burgos Rodríguez relató que para el 1968 su familia vivía en unas parcelas que quedaban justo al lado de unos terrenos sin habitar donde muchas familias invadieron y comenzaron a construir sus casas.

       “Muchos de los invasores eran personas que venían de Estados Unidos, Cuba y República Dominicana. Mientras el gobierno no haga nada para controlar la crisis migratoria la vivienda seguirá escaseando en este País”, concluyó Burgos Rodríguez.

Que Dios nos ampare, porque la Legislatura…

         Los precios elevados de los materiales de construcción y la modificación a la definición del costo de la vivienda accesible, en vez de ayudar, imposibilitan la edificación y adquisición de las unidades por personas de bajos recursos.

         Varios proyectos de ley fueron presentados a la Legislatura en el pasado cuatrienio, entre ellos una medida que ayudaría a bajar los precios de los materiales de construcción, pero ninguno fue aprobado. La no aprobación de las propuestas muestra la poca importancia que tiene la edificación de esas casas para el gobierno.

         “Yo no entiendo qué pasó con los $100 millones que se le otorgó a la banca privada del País para hacer posible el financiamiento de viviendas de interés social, se quedaron sin usar”, expresó el ex presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico (ACH), Rafael Rojo Montilla.

       Rojo Montilla opinó que no está de acuerdo en que se ignore el problema que enfrenta el sector privado de la construcción, pues cada vez se les hace más difícil edificar las viviendas por el alto costo de los materiales de construcción.

         El problema que predomina entre los desarrolladores es la cantidad de impuestos que le cobran a los materiales de construcción y los arreglos adicionales que se le tenga que hacer a la vivienda, los cuales corren por cuenta de los edificadores de esos proyectos.

       “Sólo el 25 por ciento de los gastos de construcción, por cada vivienda, corresponde a impuestos. Por cada casa que se construye en los municipios, cobran entre 5 por ciento y 7 por ciento del valor, sólo en arbitrios”, aseguró el también Arquitecto.

       Rojo Montilla añadió que el proyecto 4447 lo que buscaba era eximir a los desarrolladores de los costos excesivos que impone el gobierno a la vivienda de interés social. Las exacciones por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) son un ejemplo de esos costos.

       “La AAA viene y te dice que no tienen capacidad en su sistema para las unidades que estás construyendo y que tienes que arreglar una planta o hacer una tubería nueva. Hay proyectos donde se invierten cerca de $3,000 y lamentablemente no quieren dar crédito financiero por ese costo”, destacó el ex presidente.

         Al preguntarle si este problema provoca que las personas de bajos ingresos se lancen a la aventura de edificar sus hogares, el Arquitecto expresó que “ante la escasez de vivienda, las personas sin hogar están optando por construir sus casas y eso constituye un desastre porque las edificaciones no cumplen con los códigos de seguridad que necesitan”.

       La duda que impera en el sector privado de la construcción es si la Legislatura tiene la intención o no de aprobar alguna ley que incentive la construcción de viviendas sociales en la Isla, pues la demanda es grande y las unidades disponibles son muy pocas.

         “Desde el 1993 o un poco antes se aprobaron las leyes que están enfocadas en darle beneficio a las personas que tienen bajos recursos para obtener su propia vivienda. Después que se establecieron esas medidas no conozco que se haya aprobado ninguna otra”, aclaró la asistente del programa del área de comunidad de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Érica Otero.

    villas del sol 2     La indecisión de la Legislatura en aprobar medidas que bajen el costo de los materiales de construcción influyó grandemente en la nueva modificación a la definición de vivienda de interés social.  A pesar de la recesión económica por la que está pasando el País, la “mejor” solución del gobierno ante la situación es aumentar el precio de las viviendas accesibles.

         Respecto al aumento del costo de la vivienda accesible, Rojo Montilla se mostró muy complacido con la legislación de esta nueva enmienda, lo que muestra una contracción con las expresiones vertidas anteriormente.

         El Arquitecto reconoció que aunque el aumento en los topes de las viviendas de interés social es necesario para generar oferta, el ajuste de los precios no implica que se atiendan los problemas de demanda del mercado actual.       

       “Los altos costos del terreno, las particularidades de la infraestructura y el elevado costo de construir en estos municipios, justifican la modificación de la definición de la vivienda de interés social”, explicó Rojo Montilla.

       Sin embargo, el secretario del Departamento de la Vivienda, Yesef Y. Cordero, expresó sentirse disgustado por la decisión del gobernador Luis Fortuño de firmar la legislación de la nueva enmienda a la Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda.

       Esta ley fue aprobada para proveer vivienda propia o de alquiler a un precio razonable para familias de bajos ingresos. ¿Será razonable aumentar el costo a un nivel que se le haga imposible a una familia de bajos recursos alquilar o comprar una vivienda?

         “Todavía existen sobre 13,000 viviendas que los desarrolladores privados no han podido vender y si elevan los precios menos se venderán.  Las personas de bajos recursos no tenían el dinero antes, menos lo tendrán ahora. La medida pone otro bloque que impide la adquisición de esas casas por parte del sector menos agraciado”, indicó Cordero.

         El Secretario reveló que la ley para aumentar los topes de los precios de las unidades de interés social se materializó para complacer al sector privado de la industria de la construcción.

         El gobierno no construye viviendas de interés social hace 22 años. El sector privado de la construcción tomó las riendas de la edificación de esas casas desde ese entonces.

        “La pieza legislativa responde al pedido que nos hace el sector privado, quienes son los que construyen ese tipo de viviendas en la Isla. De no complacerlos, la vivienda de interés social va a desaparecer”, destacó Cordero.

       La situación económica de Puerto Rico está tan delicada que no se encuentra el sentido de aumentar el límite en el costo de las viviendas accesibles si la gente tiene el mismo ingreso.  El problema es claro, las personas indigentes (pobres, sin suficientes medios económicos para subsistir) no tienen los recursos para adquirir esas casas.

         El presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, Pedro Cintrón Rodríguez indicó que elevar los topes de los precios impide que cientos de familias puedan adquirir ese tipo de vivienda.

         “La realidad de crédito de algunos de los posibles compradores no les permitirá obtener la aprobación para adquirir sus hogares. Se debe establecer un fino balance entre el aumento de las posibilidades que tiene el individuo de obtener una casa y el costo de construcción de la vivienda”, subrayó Cintrón Rodríguez.

       Al preguntarle a Rojo Montilla acerca de la forma de crear un balance entre el mercado de la construcción y el bolsillo del consumidor, él reconoció que está consciente de la desventaja de las personas de bajos recursos.

        “Por la realidad histórica del aumento en el costo de construcción, mucho más acelerado que el crecimiento de los ingresos de los puertorriqueños, se debe incorporar una ayuda que cubra mediante subsidios la brecha entre el precio de la vivienda y la capacidad de adquirir un hogar, por medio del salario mínimo”, argumentó el Rojo Montilla.

       La realidad del mercado de vivienda es preocupante y parece no tener solución en estos momentos. En la actualidad, hay 33 proyectos de interés social en construcción, otros 60 en diseño y 126 en planificación, para un total de 219 proyectos en toda la Isla.

       “El futuro de la construcción de viviendas de interés social está en veremos. Si no se toma una decisión que sea equitativa para todos los involucrados, será inminente la desaparición de esas unidades”, finalizó Rojo Montilla.

De luto los programas de beneficencia social

         Las ayudas de los programas de beneficencia social para adquirir una vivienda han mostrado ser deficientes para cumplir su propósito debido a la gran demanda que existe en ese sector y a los requisitos que tienen las ayudas que hacen que sea casi imposible obtener un domicilio a bajo costo.

         Por más que el gobierno quiso ignorar los problemas que está enfrentando el Programa de Sección 8 con la paralización de sus fondos y la inminente suspensión de la ayuda de Llave para tu Hogar, las personas de bajos recursos quedaron vestidos y alborotados al tener menos alternativas para conseguir una vivienda a un precio accesible.

       Nydia Vega, gerente de la Administración de Vivienda Subsidiada de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), explicó que cada vez son menos los arrendadores que se acogen al plan y eso significa menos vales que se pueden autorizar para brindarles ayuda a los solicitantes.

       El programa de asistencia Plan 8 consiste en proveerles vales a familias de escasos ingresos para que puedan alquilar una residencia. El Gobierno Federal paga un por ciento del alquiler directamente al inquilino y el beneficiario costea la diferencia.viviendas interés social 3

        “Los arrendadores invierten, en ocasiones, mucho dinero para poner la casa en óptimas condiciones debido a los destrozos que el inquilino le causa al hogar. El dueño, al ver que no se le paga a tiempo y que el arrendado le causa grandes daños al domicilio, no arregla lo pertinente y a la hora de la inspección la casa no cualifica”, detalló Vega.

       Una inspección hecha por la Oficina del Inspector General del Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en el 2006 confirmó estas irregularidades al encontrar problemas en 63 de las 66 unidades – el 95 por ciento de las casas – inspeccionadas por deficiencias de electricidad, suplido de agua y las instalaciones sanitarias.

       “Desde que hicieron esa inspección, las condiciones de las casas bajo el Plan no son las mismas.  Me sorprendió que el mandatario para ese entonces (Aníbal Acevedo Vilá) dijera que todo estaba bien cuando en realidad las viviendas no pasaban las inspecciones e inclusive son varias unidades que aún siguen sin pasarlas”, afirmó Vega.

         La Gerente explicó que el dinero otorgado a esa casa en específico por el Departamento de Vivienda Federal se pierde porque no fue utilizado al no pasar la inspección. También indicó que si el dinero no se usa para su propósito la Agencia interpreta que Plan 8 no necesita los fondos otorgados y para de mandarlos.

         “Llega un momento en que ellos dicen (refiriéndose al Departamento de Vivienda Federal) que si lo estamos devolviendo es porque no lo necesitamos y en realidad no es así, es que las casas no cumplieron con la inspección. Lamentablemente la responsabilidad recae en el arrendador quien es el que se supone que mantenga la casa en buenas condiciones”, recalcó Vega.

         Basado en las expresiones vertidas por Vega, se puede deducir que el gobierno usa como excusa que la paralización de fondos se debe a la implantación de la Ley 7, conocida como la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico, cuando en realidad las personas que se acogen al Plan son los verdaderos responsables.

        “Plan 8 cayó por culpa de los arrendadores y los inquilinos que no ponen de su parte para apreciar la ayuda que se les está brindando”, indicó la secretaria del Programa Sección 8 en San Juan, Roxana Pérez. La Secretaria añadió que los solicitantes de Sección 8 reducen las oportunidades de continuar recibiendo la ayuda porque resultan ser malos inquilinos.

         Otro programa que se creó con el propósito de ayudar a personas de bajos recursos o moderados fue Llave para tu Hogar, el cual consistía en otorgarle un subsidio a los compradores para eximirlos de tener los gastos de cierre.

       El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño dio la orden de la suspensión de ese programa debido a la falta de fondos y a la deficiencia de la ayuda para que las personas de bajos recursos pudieran adquirir su hogar.

         “Muchas de las personas que quisieron comprar su hogar por medio de Llave para tu Hogar, cuando existía, desistieron de la idea al ver los requisitos que exige la ayuda. Uno de los requerimientos es que la persona que solicite tenga un crédito excelente, cuando muchos de ellos ni siquiera tienen crédito y si lo tienen es malo”, explicó la secretaria de la División de Vivienda Subsidiada de la AFV, Rosario Cabañas.

         Según Cabañas, la suspensión de Llave para tu Hogar y la caída del Plan 8 tienen efectos en los demás programas con los que trabajaban en conjunto para ayudar a esas personas de bajos recursos y por esto se le hará más difícil a las personas el recibir la ayuda rápidamente.

       Son muchas las personas afectadas por la deficiencia de las ayudas de beneficencia social en la Isla y entre ellas se encuentra Judith Hernández Nater, quien es madre soltera y no tiene un hogar estable debido a su falta de ingresos.

         “No consigo un trabajo estable y por eso, cuando solicito las ayudas no me las quieren dar. En Plan 8 me pusieron en unas listas y llevo más de dos años esperando a ver si les da la gana atenderme. Fui a ver si me podían ayudar para vivir en un residencial público, pero las condiciones en que se encuentran no son aptas para criar a mis hijos”, dijo Hernández Nater.

        Carmen Colón, amiga de la afectada, dijo estar indignada porque el problema que enfrenta Hernández Nater en conseguir una vivienda estable para ella y sus hijos le costó perder la custodia de sus niños.

          “Mi amiga perdió la custodia de los nenes, no tiene un lugar donde dormir, sus hermanos son drogadictos o están en la cárcel, su madre sufrió un derrame cerebral y no se puede casi ni mover y, para colmo, el papá de sus hijos ni las luces”, explicó Colón.

       Por otro lado, Sonia Rodríguez, empleada doméstica en el Hotel El Conquistador en Fajardo, ha vivido de alquiler en alquiler hasta el punto de no tener un lugar fijo donde vivir.

         “Yo no hago (ganar dinero) lo suficiente para pagar un alquiler alto ni para comprar una casa. Una vez solicité para Llave para tu Hogar y no cualifiqué porque tengo un crédito bien chavao. Tampoco me dieron ayuda del Plan 8 porque mis ingresos no son tan poquitos, pero chico, cómo pretenden que por una habitación yo pague $518”,  expresó con indignación Rodríguez.

       “El montón de mantenidos que no pagan un cará… porque  disque no tienen chavos y lo que hacen es vivir del mantengo con cupones y Plan 8. Este sistema está mal, aquí las ayudas están mal repartías y el que de verdad lo necesita no recibe nada”, subrayó con molestia Rodríguez.

       La empleada doméstica finalizó diciendo que las ayudas son una esperanza lejana que nunca se concreta y que en vez de asistir a las personas lo que hacen es poner trabas que impiden que reciban las ayudas eficientemente.

Diciembre 2009