Por Griselle Díaz Millet 

Primer reportaje

Fallas afectan esclarecimientos de casos

A los seres humanos se les permite cometer errores dado a que nadie es perfecto.   Sin embargo, cuando el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) comete un error, el resultado y esclarecimiento de un caso criminal se puede ver sumamente afectado.

La misión primordial del ICF es analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la verdad en beneficio de la sociedad, pero errores en el embalaje o manejo de evidencia y en el proceso de análisis entorpecen esa misión.

Aunque agentes y directores de la Policía de Puerto Rico y el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) aseguran que las personas que trabajan en el ICF son bien serias y meticulosas con su trabajo, sí han ocurrido errores que de una forma u otra han perjudicado el esclarecimiento de casos criminales.

El doctor Pío Rechani, director del ICF, admitió que en varias ocasiones se han cometido faltas como en la interpretación de datos y la entrega errónea de cadáveres, siendo el último un caso muy sonado en Puerto Rico que actualmente está en litigación en los Tribunales. 

Rechani mencionó además el caso Pesquera, en el que se acusaba al ingeniero Carlos Pesquera y a otros líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) por motín y agresión agravada en la oficina del Procuradora de la Mujer, como ejemplo de una interpretación errónea de los análisis científicos periciales.  Rechani explicó que en ese caso el perito del ICF interpretó los resultados de una forma, pero cuando se contrató a un perito de la Universidad de Cornell para verificar los resultados, éste interpretó todo lo contrario al perito de la Isla. 

“Ese caso si fue uno chocante.  El perito de nosotros concluyó que la fuerza que rompió la puerta era de adentro hacia fuera y el perito de Estados Unidos dice que no, que era de afuera hacia adentro.  Estuvo mal interpretado totalmente por el perito de aquí”, añadió el doctor Rehany.

De acuerdo al Director, esta situación tiene varias repercusiones, tanto en el perito como en el ICF en general.  Primero, el perito va a perder su credibilidad y en cuestiones de esa materia no puede volver a testificar porque le descalificarían como perito.  Por otro lado, el ICF se afecta porque los abogados pueden utilizar esa situación aislada y aplicarla a resultados e interpretaciones en otras áreas de análisis dentro de la agencia.

“O sea, tratan de extrapolar que todo puede tener el mismo error y no necesariamente ser correcto porque esos son trabajos individualizados, en el que la persona es responsable del resultado porque él fue quien lo hizo y lo interpretó”, mencionó el doctor en tono de preocupación.

ICF

Otros errores que ocurren en el Instituto, pero son a menor escala son con el manejo y embalaje de la evidencia en el área del crimen.  El ICF cuenta con un personal, conocido como la Unidad Gris, que se encarga de analizar las escenas criminales en las comandancias de San Juan, Carolina, Bayamón, Ponce y Guayama.Ese personal está adiestrado para manejar correctamente la escena del crimen, sin embargo han ocurrido ciertos errores que entorpecen la investigación criminal como son la identificación y preservación de la evidencia según lo que explicó el científico forense, Ramón Díaz. 

“Como embalar las bombas molotov.  Si las guardas en un envase que no previene que se evaporen, después no tienes nada para analizar.  Por eso es que el embalaje es tan crítico.  Otro ejemplo, es que la evidencia biológica hay que guardarla en bolsas de papel para que puedan respirar”, añadió Díaz.

Errores de esta índole, aunque no ocurren todos los días, afectan en última instancia la labor que realizan los agentes del CIC y personal del Sistema Justicia, quienes trabajan para esclarecer los casos criminales y tratar de erradicar la criminalidad en el País.

Otra falla crítica en las labores del ICF es el hecho de que los análisis científicos forenses son procesados con cierta lentitud debido a la falta de personal, atrasando las investigaciones criminales que realizan a diario el CIC.

Actualmente este es el problema que enfrentan los agentes del CIC y la Policía de Puerto Rico con mayor frecuencia.  Esta problemática les afecta debido  a que no pueden someter los casos criminales ante los Tribunales hasta que se tengan los resultados de los análisis científicos, los que se usan como evidencia contundente para resolver muchos de los casos criminales.

Hay ciertos delitos graves, excluyendo el de asesinato, que prescriben luego de cinco años de cometido el acto por lo que la Policía necesita someter esos casos antes de ese término, de acuerdo a lo explicado por el coronel José Caldero, superintendente auxiliar en investigaciones criminales.

“Si el Instituto no va a la par de nosotros (la Policía), hay un estancamiento.  Si los resultados de las pruebas periciales no llegan a tiempo, el fiscal no los tiene.  Si el fiscal no la tiene, aunque el caso esté esclarecido, no expide la boleta.  Al no expedir la boleta, mi agente no puede radicar.  Nosotros tenemos casos de años esperando”, señaló Caldero.

Un estudio realizado por el Departamento de Comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón a agentes del CIC de Bayamón, demostró que el 36 por ciento de los agentes ha tenido que esperar como mínimo una semana para recibir los resultados de los análisis científicos solicitados, mientras que el 55 por ciento de los agentes ha esperado más de un mes por análisis solicitados.  

Esta situación afecta directamente a los agentes ya que, según el teniente Samuel Munich, director de la División de Homicidios en el CIC de Bayamón, la evidencia científica es necesaria para someter los casos ya que es poco probable contar con testigos oculares en la escena del crimen para resolver y probar los casos criminales.

“A los agentes se les prepara para que vayan a la escena buscando prueba científica, para luego confrontar al sospechoso.  Así se puede estar en posición de interrogarlos mejor.  Además la prueba científica es más confiable que la prueba ocular”, explicó Munich.

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá está consciente de esta situación, como lo constató en el Mensaje de Estado pronunciado el pasado mes de marzo.  Además, Acevedo Vilá entiende que actualmente el criminal es más astuto y el pueblo es más renuente a testificar, por lo que es necesario contar con la evidencia científica para castigar al criminal.

“El procesamiento de un sospechoso ante los tribunales de justicia tiene que estar fundamentado en el derrotar la presunción de inocencia que le garantiza nuestra Constitución y las leyes procesales penales…   Cada día es más difícil contar con testigos dispuestos a declarar y señalar al autor de los hechos que se investigan.  Los medios científicos subsanan en parte esa necesidad como lo son las pruebas de DNA al sospechoso, al compararlo con evidencia obtenida en una escena como los pelos, sangre y flujos corporales”, explicó el Gobernador en entrevista.

Sin embargo, obtener esos resultados de gran importancia para la Policía se hace difícil por varias razones.  De acuerdo al teniente y a otros agentes del CIC de Bayamón, la razón principal es la disparidad entre el volumen de casos que atiende diariamente el ICF comparado con la cantidad de personal que realiza los análisis, específicamente en las áreas de ADN, Balística y Sustancias Controladas, en donde más casos son reportados.

El inspector Luis Peña Rodríguez, director del CIC de Bayamón, asegura que aunque el ICF es bien meticuloso y profesional con su trabajo, están escasos de personal para la cantidad de crímenes que ocurren y tienen que atender a diario.

“Los problemas que hay es porque no hay personal, recursos y equipos.  El mismo Gobernador lo sabe.  Mientras más se mejore el proceso científico, más rápido se esclarece un caso”, añadió Peña Rodríguez.  

La situación se agrava debido a que actualmente el ICF cuenta con sólo dos biólogos especialistas en ADN, siete patólogos forenses y un patólogo anatómico para realizar entre siete a ocho autopsias diarias.  En días complicados, debido a desastres naturales u otras razones, estos patólogos tienen que realizar entre 12 a 14 autopsias.

Un ejemplo presentado por Peña Rodríguez de cómo los casos se atrasan a causa de lo que ocurre en el ICF, es que actualmente existe en el CIC una lista de numerosas armas de fuego que llevan más de un año en el laboratorio en espera de ser analizadas.  “Esto quiere decir, que hay investigaciones que llevan un año esperando por análisis”, recalcó Peña Rodríguez.

Otro caso que se puede tomar como ejemplo es el de un asesinato ocurrido en el área de Bayamón, en el que una dama alega que ella no asesinó a su compañero consensual.  Sin embargo, los hallazgos de los agentes del CIC en la escena del crimen no concuerdan con su testimonio, pero no se le han sometido cargos ante los tribunales por asesinato debido a que están en espera de unos análisis científicos para comprobar las sospechas que tienen los agentes.

“Queremos establecer si las heridas que recibió el sujeto fueron mortales o si con las primeras heridas se pudo luego defender.  Este caso está pendiente a pesar de que ella admitió los hechos.  Dependemos de los hallazgos que encuentre la patóloga”, explicó el teniente Munich sobre el caso.

Lo complicado de esta situación no es solamente el hecho de que exista un acumulo de análisis en el ICF, sino que los agentes prefieren no someter los casos ante los tribunales para que estos no se caigan, ya que según el Sistema Judicial del País si el sospechoso está ya encarcelado y el caso no se ve en seis meses, este puede quedar en libertad con un recurso de habeas corpus.

El efecto que eso tiene en la sociedad es que más casos se siguen acumulando sin resolver y los criminales no pueden ser debidamente procesados por ley, por lo que constituyen un peligro para la sociedad, expresó el coronel Caldero.

“Si tenemos un individuo que es sospechoso de varios asesinatos, y por estar esperando unos resultados de pruebas periciales no le podemos radicar, el tipo sigue en la calle y puede matar a otra persona”, explicó Caldero.

Las estadísticas de casos esclarecidos recopiladas por la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía, demuestran que existen fallos en el sistema debido al bajo número de casos que han logrado esclarecer a nivel isla en lo que va del año.

Esas estadísticas revelan que a nivel isla, sólo se ha esclarecido un 57 por ciento de las querellas presentadas hasta marzo de este año.  Además, se puede apreciar que las comandancias en las que el ICF interviene, son las que tienen los porcentajes más bajos de esclarecimiento.  Ese es el caso de las comandancias de San Juan, Carolina y Bayamón, las que presentan un 45, 56 y 41 por ciento de casos esclarecidos, respectivamente. 

Mientras existan problemas o fallas en el ICF, la sociedad puertorriqueña sigue en peligro debido a que no se puede esclarecer la mayoría de los casos criminales, lo que causa que haya más criminales sueltos.  

Segundo reportaje

Bolsillo puertorriqueño se afecta con trabajo forense 

          Los análisis científicos forenses que solicitan la Policía de Puerto Rico, Fiscalía o abogados de la defensa al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para llevar casos criminales a los Tribunales son libres de costo ya que por ésta ser una agencia gubernamental, todos los gastos son sufragados por el Estado.         

Sin embargo, esto implica que el pueblo puertorriqueño tiene que contribuir de su bolsillo todos los años para que se puedan realizar cientos de análisis patológicos, de balística y ADN en el laboratorio del ICF, los cuales siempre están retrasados complicando la labor de quienes los solicitan.          

A su vez, estos estudios tienen que ser autentificados ante el Tribunal por los científicos o patólogos forenses que los realizaron para poder ser utilizados como evidencia en los casos, convirtiéndolos en testigos periciales en muchos casos criminales, lo que conlleva un costo adicional.

Lo que el pueblo desconoce es que paga por todos esos estudios y por cada vez que un perito forense pasa al estrado como testigo del pueblo, proceso que se puede extender por un tiempo indefinido hasta que el caso sea resuelto por el Tribunal.   No obstante, el pueblo sigue pagando por cada testimonio en Corte.

Abelardo Bermúdez, juez superior del Tribunal de Guayama, aseguró que el Estado cubre todos esos gastos, pero que no conoce con exactitud cuánto se le paga a los peritos que pasan a testificar en sala.

“El fiscal es quien conoce el costo aproximado, pero sí es el Estado quien corre con todos los gastos de los testigos periciales”, indicó Bermúdez.

Mientras la clase trabajadora tiene que estar pagando para que el ICF pueda dar sus servicios, los policías y la Fiscalía se benefician ya que no tienen que preocuparse por costear esos estudios periciales, lo que se supone ayude a poder enfocarse en sólo radicar los cargos al acusado y obtener la evidencia necesaria para probarlos, para lograr erradicar la criminalidad rampante en el País.

Un cuestionario suministrado entre agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Bayamón demostró que el 53 por ciento de los agentes investigadores admitió que los resultados que obtienen del ICF no tienen costo alguno o es mínimo.         

Por otro lado, de la misma manera en que los agentes de la Policía pueden obtener los resultados de forma gratuita, el abogado defensor tiene el mismo derecho.  El licenciado Miguel Millet, quien fuera abogado criminalista en Bayamón por muchos años, aseguró tener el mismo derecho que Fiscalía y la Policía de obtener esos resultados.         

Millet alega que el abogado tiene que tratar de proveer la mejor defensa posible de su cliente y si para eso necesita los resultados forenses, la Fiscalía tiene que proveérselos a la solicitud del abogado.          

Según Millet, la prueba forense “es material del descubrimiento de pruebas que tiene que entregar a la defensa, el Estado.  Cuando es el pueblo contra una persona, ésta tiene derecho a que se le provea copia de todos los estudios gratuitamente”.          

Las contribuciones que el pueblo puertorriqueño rinde todos los años a través de las planillas son las que le garantizan al ICF, que todos los años, un presupuesto le sea asignado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) del Gobierno de Puerto Rico.

Para el año fiscal que está en curso, 2004 – 2005, el Gobierno de Puerto Rico le asignó aproximadamente $17 millones, lo que implica un aumento significativo de $7 millones comparados al presupuesto que fue asignado el año anterior.        

Ese aumento incluyó $6,643 millones del Fondo de Mejoras Públicas para comenzar la fase de ampliación y remodelación de las facilidades del ICF con la construcción de un nuevo laboratorio de ADN al lado de las oficinas centrales actuales, localizadas cerca del Centro Médico de Río Piedras.          

Sin embargo, para este año fiscal 2006 – 2007, la OGP le recomienda un presupuesto consolidado menor al del año en curso, el cual representa un total de $13, 561 millones para cubrir todos los gastos operacionales de la agencia, incluyendo $31,000 para el aumento que se espera en los servicios de luz y agua.         

Este presupuesto presenta una diferencia de aproximadamente seis millones de dólares menos que el año anterior, los que según el doctor Pío Rechani, director del ICF, no fueron asignados este año dado a que el nuevo edificio ya está pago, aunque continúa bajo construcción.          

“Lo que sucede es que cortaron los seis millones de dólares que son de estructuras permanentes.  No me los dieron porque el edificio está pago.  Pero el presupuesto operacional subió por el aumento (en servicios) que se espera”, señaló Rechani sobre la diferencia de números.           

Aunque el presupuesto asignado es menor que la cantidad anterior, a ese total hay que sumarle el dinero adicional que recomendó el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá durante su Mensaje de Presupuesto para agilizar el proceso de construcción del laboratorio, ya que según lo que expresó en su discurso, hacen falta los recursos necesarios para poder combatir al criminal de manera eficiente.   Esta cantidad de dinero acerca al ICF a cumplir con ese objetivo.          

“Finalmente, se hará realidad que se pueda completar el laboratorio de DNA y la digitalización del archivo de huellas dactilares con la asignación adicional de un millón de dólares al Instituto de Ciencias Forenses”, pronunció Acevedo Vilá en su mensaje.           

Sin embargo, el hecho de que Rechani aseguró que el aumento significativo de $1.7 millones que obtuvo el ICF en los pasados años, se lo otorgó la gobernadora Sila M. Calderón en el año fiscal 2003 – 2004 con el propósito de costear más equipo y los salarios de los empleados.  Ese aumento fue retenido para el presupuesto vigente y en el recomendado para el próximo año fiscal por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

AAV“Ese fue un aumento significativo.  Son $700 mil para instrumentación y equipo, y un millón de dólares para pago de salarios y reclutamiento.  Eso fue en adición a lo que ya tenía.  Al retenerlo me da una buena porción de dinero para ver los equipos y personal que me hace falta”, añadió el doctor Rechani respecto al aumento recibido.         

No obstante, esa suma de dinero tiene que ser sabiamente administrada por el doctor Rechani para que el ICF pueda adquirir más equipo de laboratorio necesario y reclutar el personal que falta y luego adiestrarlo, para obtener un alivio en la carga de trabajo y disminuir así el retraso continuo que hay en los laboratorios.  Sólo así podrían mejorar su trabajo e ir a la par de las investigaciones policíacas para lograr un número mayor de esclarecimientos de casos criminales.          

Aunque los organismos del Gobierno que utilizan los servicios del ICF  pueden obtener los mismos de forma gratuita, para el pueblo puertorriqueño que solicite estudios forenses, como el protocolo de las autopsias o certificaciones de muerte, éstas tienen un costo adicional a lo que ya aportan al pagar las contribuciones al Gobierno de Puerto Rico.

Estos costos constituyen la única fuente de ingreso propio que tiene el ICF, el cual obtienen del cobro de distintos servicios como el protocolo de las autopsias, exámenes externos de patología forense, certificaciones de muerte y las pruebas de sustancias controladas que le realizan a empleados públicos que no pertenecen a agencias de seguridad.         

En la sala de espera del área de Patología del ICF hay una tabla de tarifas que indica los precios de cada estudio adicional que solicite una persona.  En ella se indica que el costo por un informe de autopsia es de $15, el de los exámenes externos es de $10, la certificaciones de muerte tienen un costo de cinco dólares y los blancos de reclamación de seguro a $15.           

De estos números se infiere que el ingreso propio de la agencia es mínimo, ya que la mayoría de los estudios allí realizados son para el Estado, por lo que el mismo Estado tiene que proveerle el presupuesto adecuado para costear todos los gastos.           

El informe de presupuesto que ofrece la OGP demuestra que en el 2004 se reportaron unos ingresos propios de tan sólo $225 mil, mientras que para lo que va de este año fiscal se ha reportado un total de $300 mil.           

Esos costos adicionales no incluyen las autopsias privadas, las que un ciudadano podría pedir si la víctima no murió por causas violentas.  Sin embargo, esas autopsias no se realizan gratuitamente en la agencia debido a que la Ley Número 13, que creó al ICF, claramente estipula que las mismas se realizarán cuando la muerte sea una violenta o “cuando surgiere alguna duda en cuanto a la causa de la muerte o de la manera como ésta tuvo lugar”.  

Los precios de estas autopsias privadas oscilan entre los $800 a $1,000, según explicó Ramón Díaz, científico forense del ICF.  Señaló además que la razón primordial por la que familiares de víctimas tienen que solicitar autopsias fuera del ICF es que si la causa de muerte no corresponde a los establecido por ley, la autopsia no sea realiza aunque los familiares insistan.           

“Si el ciudadano la quiere y no corresponde a las circunstancias establecidas por ley, no se hace.  Y si no quieren que la hagan, pero las circunstancias así lo requieren, se va a hacer”, añadió Díaz.         

El bolsillo del puertorriqueño es el que más se afecta económicamente por la labor del ICF, ya sea por el pago que hace indirectamente o por los costos de estudios adicionales que solicite al ICF.   

Tercer reportaje

Pugnas internas afectan trabajos de Ciencias Forenses 

Un moderno edificio, que aparenta buenas condiciones físicas en el exterior, localizado justo al lado del Hospital de Veteranos en Río Piedras, es la sede de las oficinas centrales del Instituto de Ciencias Forenses (ICF). 

Sin embargo, dentro de sus paredes se guardan una serie de situaciones y problemas ocurridos entre los empleados y el patrono que afectan el buen desempeño de las funciones del ICF.          

Muchos de estos problemas se deben a disputas obrero – patronales entre el director y los empleados que pertenecen al sindicato de Servidores Públicos Unidos (SPU) en el ICF, unión que los protege y permite la negociación colectiva con su patrono. 

Actualmente, el ICF se encuentra en litigación en los Tribunales por un pleito civil debido a que hubo un derrame de un químico peligroso en las instalaciones, en el cual hubo intervención de la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, (OSHA, por sus siglas en inglés).  Ambas partes se encuentran en disputa para decidir cuánto le tocaría pagar al Instituto en multas.         

Según el doctor Pío Rechani, director del ICF, esa situación, cuya última vista está citada para este mes de mayo, tuvo intervención de OSHA debido al peligro que constituye ese químico para los empleados del ICF.         

“Lo que pasa es que el químico en particular es un químico peligroso.  Entonces al haber un derrame pues obviamente hay intervención del Departamento del Trabajo.  Ellos vinieron a ver esa situación, y se investiga administrativamente para ver que fue lo que pasó”, explicó Rechani respecto al incidente del químico.          

Esta situación se atiende luego de que una querella, hecha a OSHA por varios empleados que alegaban que había áreas de las facilidades que tenían crecimiento de hongo, fuera atendida y resuelta en estos meses.          

Un artículo publicado en febrero en uno de los rotativos del País, aseguró que OSHA multó al ICF con $42 mil debido a las condiciones en las que se encuentran los empleados de Patología, las que incluyen hacinamiento de cadáveres y hongo.           

Sin embargo, el Director del ICF alega que este problema de hacinamiento no existe, por lo que asegura que OSHA no ha multado respecto a ese asunto.  “No, por hacinamiento no.  Eso fue un empleado que puso los cadáveres en el piso y retrató para simular una situación de hacinamiento.  Esto nunca ha sido así”, señaló firmemente Rechani.         

hacinamientoAdemás, aclaró que ellos procuran semanalmente vaciar las neveras, ya sea entregando cadáveres que no tengan enfermedades contagiosas al Recinto de Ciencias Médicas para propósitos de estudio o enterrando en el Cementerio Municipal los cadáveres no reclamados, identificados como John o Jane Doe.          

Por otro lado, el doctor Francisco Cortés, director de la División de Patología del ICF, dice que de haber hacinamiento de cadáveres, se debe a que ellos cuentan con una nevera en la que sólo caben 48 cadáveres y un congelador que puede almacenar cinco cadáveres más.         

“Hemos estado en momentos en que no da abasto.  Cuando hay catástrofes, hemos utilizado vanes refrigerados”, añadió Cortés.          

Otro problema que ha surgido entre los empleados y el director del ICF, es que los unionados alegan que se han violado cláusulas estipuladas en el convenio colectivo por lo que en el 2002 radicaron una querella ante la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público.          

En la querella, los empleados alegaban que el ICF estaba violando la sección 9.1 (a) y 9.1 (b) de la Ley número 45, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, debido a que se rehusaron a efectuar los descuentos por concepto de cargos por servicio a los empleados no afiliados a la unión.            

Según la Ley número 45, el artículo 9.1 (a) estipula que será violación el “intervenir, coartar o restringir a uno o más de sus empleados en relación con su decisión de ejercer o no los derechos reconocidos en este Ley”, mientras que el artículo (b) estipula que es delito “negarse a negociar de buena fe con un representante exclusivo debidamente certificado por la Comisión”.

La querella fue resuelta por la Comisión a finales del 2004, a favor de la parte querellante y ordenó al ICF pagar, usando los fondos de la Agencia, los cargos por servicio a los empleados no afiliados que no fueron descontados durante el período del 30 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2004.            

El ICF tiene un gran problema con el reclutamiento de personal, lo que afecta directamente la labor que realizan debido a que los estudios se atrasan porque el personal que hay actualmente no da abasto para el volumen de casos que reciben.           

El problema con el reclutamiento se debe a las exigencias de los trabajos en el ICF, ya que además de realizar los estudios científicos, tienen que ir a testificar en los Tribunales para defender y explicar su trabajo.  De acuerdo al doctor Rechani este requisito ahuyenta a muchas personas.          

“A un químico a lo mejor lo que le gusta es trabajar en farmacias, que le pagan mucho dinero.  Aquí tienen que ir al tribunal.  En el tribunal uno sabe cómo los abogados tratan a los testigos.  Uno tiene que tener buen temple para contestar las preguntas.  No es solamente hacer laboratorios, tú tienes que ir a defender lo tuyo en el tribunal”, explicó Rechani sobre los requisitos del trabajo.         

La situación se empeora con el hecho de que ese personal que vaya a ser reclutado tiene que ser también adiestrado, tarea que toma varios meses o hasta un año en las áreas de Balística y ADN, previniendo que el nuevo personal comience de inmediato en sus labores.                                  

“Hay que entrenarlo, porque la universidad no te prepara para el trabajo  que hacemos aquí.  Los más rápido que empiezan a trabajar son los de sustancias controladas porque son análisis químicos e instrumentales que una vez uno le enseña unos procedimientos internos, como se usan los instrumentos, entre otras cosas, puede comenzar a trabajar enseguida”, añadió Rechani.           

Pero hay otro factor que afecta el reclutamiento de personal, y ese es el salario que les puede ofrecer el ICF.  En ocasiones han tenido empleados que han renunciado a su puesto dado a que obtuvieron una mejor oferta en una farmacéutica o un laboratorio privado.         

“Primero, no tenemos los salarios tan altos… Segundo, conseguir el mejor personal, el personal que le guste la parte forense.  Porque un químico a lo mejor lo que le gusta es trabajar en farmacias, que le pagan mucho dinero”, explicó Rechani sobre el problema de reclutamiento.           

El espacio físico actual, en las áreas de laboratorio, afecta también el reclutamiento de nuevo personal especializado, según José Colón, serólogo forense del ICF.          

“Lo que pasa es que no se ha cogido más personal porque el espacio es limitado”, dijo Colón.  Sin embargo, admitió que los estudios de ADN y serología saldrían con más rapidez si contaran con cuatro o cinco peritos adicionales.          

Esta situación de falta de personal afecta grandemente la labor de investigación que realiza la Policía porque al retrasarse los estudios periciales, no se logra el esclarecimiento de casos y la radicación de los cargos ante los Tribunales.            

Empleados y el director del ICF, además de agentes investigadores del CIC están de acuerdo en que las facilidades físicas y el equipo que había hace 20 años cuando se fundó no se compara con lo que hay actualmente.          

Todos llegan a la conclusión de que las facilidades físicas, el edificio actual, son mucho mejores comparado con lo que fue el primer hogar del ICF en el Centro Médico, una casita de dos pisos en madera.          

El agente Gilberto Sierra, de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, recalcó que hay una gran diferencia entre el servicio ofrecido y las facilidades físicas de hace unos años comparadas a lo que ha experimentado recientemente.

“En el tiempo de antes, Ciencias Forenses era como un “matadero”.  Ahora es un hotel.  Ahora está bien lindo, pues los tiempos cambian”, describió el agente Sierra.

De igual forma se expresó el doctor Rechani al admitir que las facilidades actuales son mucho mejor, además de que se está construyendo un edificio nuevo para ampliarlas.

“Por donde está el tren urbano (Centro Médico), era donde estaba el Instituto, que era una cosita pequeñita a estas facilidades que tenemos aquí.  Más la expansión que estamos haciendo aquí detrás, que es igual o mayor que este que tenemos.  O sea, que vamos a duplicar el área física, lo cual nos va a dar una posibilidad de crecimiento y de facilidades físicas para poder trabajar más cómodos en los laboratorios”, mencionó Rechani sobre las facilidades.           

Probablemente los cambios más significativos en cuanto a facilidades se refieren, son en el área de Patología, de acuerdo a las expresiones hechas por el doctor Francisco Cortés, director de dicha división en el ICF.  Cortés lleva aproximadamente 20 años trabajando como patólogo forense y ha tenido oportunidad de experimentar los cambios que han ocurrido en la agencia.         

“Cuando yo empecé, este no era el edificio.  El viejo edificio tenía tres mesas fijas, el aire acondicionado a veces no funcionaba, en las neveras cabían sólo 12 a 15 cadáveres, y no había separación del área de autopsias de la sala de entrevista a los familiares”, narró Cortés.         

Hoy día, se puede apreciar que la situación de espacio físico y área de trabajo es muy distinta a la del comienzo y ha mejorado con el pasar de los años.            

“Ahora tenemos una sala principal con diez mesas que se pueden separar y se controla la temperatura y humedad.  También hay una sala aparte con dos estaciones  para casos infecciosos”, añadió Cortés en un tono de satisfacción.         

Sin embargo, falta mucho por hacer. El nuevo  edificio que se construye al lado de las instalaciones actuales albergará un área más amplia y moderna de laboratorio para realizar estudios de ADN y serología. Con esta instalación se espera adelantar y actualizar una labor de tanta trascendencia como la del ICF.  

Mayo 2005